Fiscalía se abstiene de informar sobre denuncias del 14A

Source: El Nacional

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Fuente: El Nacional Se diseñó un operativo especial y se desplegaron 2.042 fiscales en todo el país para recibir denuncias sobre delitos electorales o relacionados con los comicios del 14 de abril. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció que la línea telefónica del Ministerio Público, 0800-FISCA-00, estaría activa ese día, con personal de guardia para atender los llamados de la ciudadanía. Sin embargo, los resultados del plan de la Fiscalía para las elecciones no han sido presentados formalmente. No se sabe con precisión cuántas investigaciones abrió el órgano por ilícitos cometidos durante esa jornada y cuál es el estatus de las diligencias relacionadas con esos expedientes.

La elección del mes pasado, cuestionada por la oposición por el estrecho margen de 1,49% de los votos con los que venció Nicolás Maduro, fue impugnada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entre los principales alegatos de la Mesa de la Unidad Democrática y su candidato, Henrique Capriles, están las denuncias de fraude, cohecho y violencia, establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales como motivos para declarar la nulidad del proceso.

Casi al mediodía del 14 de abril, Ortega precisó a los medios que hasta ese momento sólo se habían reportado tres delitos: en Trujillo una persona rompió una boleta electoral, en Vargas un hombre escondió un acta constitutiva de las mesas y en Caracas un elector entró a un colegio con un arma de fuego.

“Vamos a mantener la calma, la tranquilidad. No vamos a empañar el proceso electoral que se está desarrollando con mucha tranquilidad”, respondió la fiscal cuando le preguntaron sobre la actuación de los motorizados, una denuncia recurrente de la oposición durante la jornada. Desde entonces, poco más han agregado los voceros del organismo. Un punto sobre el que no se ha informado oficialmente es si la Fiscalía comenzó averiguaciones de oficio por las declaraciones de electores y de testigos que señalaron que el 14Al hubo personas que no acataron la prohibición de porte y utilización de armas de fuego. Otros señalamientos se relacionan con la supuesta organización de operaciones colectivas de amedrentamiento con grupos de motorizados y con el abuso deliberado del voto asistido para coaccionar a electores.

Coordinadores electorales del Comando Simón Bolívar, miembros y testigos de mesa de varios estados señalaron que las oficinas locales del Ministerio Público estuvieron activas con fiscales de guardia, quienes levantaron los casos que se presentaron. Voluntarios indican que los funcionarios atendieron las denuncias pero no les han dado seguimiento. En algunas ocasiones, indicaron, la línea 0-800FISCA-00 no respondía.
Desatendidos. Al menos en Amazonas y Guárico llegaron a manos de los funcionarios del Ministerio Público casos de violencia. En la Fiscalía Primera de la Circunscripción del Estado Amazonas reposa, con el número F(2)-1602-2013, la denuncia de tres indígenas que resultaron heridos en el Centro Móvil Gavilán, en Puerto Ayacucho. Las máquinas electorales no funcionaron y tras cuatro reemplazos los técnicos del CNE instalaron un quinto equipo cerca de la 1:00 pm. Los electores les solicitaron mantenerse en el lugar por si el dispositivo volvía a fallar, pero ignoraron la petición. “Los indígenas tomaron las motos para seguirlos y cerrarles el paso. Los militares salieron a toda velocidad contra las motos. Uno de ellos les lanzó la camioneta y les provocó lesiones”, explica Gustavo Machado, abogado que representa al grupo. Agrega que la Fiscalía aún no los han llamado a declarar.

En Guárico la fiscalía de San Juan de Morros registró con el número 0686 la denuncia introducida por Marisabel Bolívar y Eva Oliva, que la tarde del 14 de abril estaban en la entrada de la Escuela Dr. Vicente Peña a la espera de la auditoría ciudadana, cuando un grupo de motorizados -contactados por un concejal regional- comenzó a lanzarles botellas, piedras y palos a los que aguardaban para entrar al plantel. “Tuve un fraccionamiento de la rótula y quizás necesite operarme. Al día siguiente acudí a la Fiscalía a denunciar. Quedaron en llamarme pero no lo han hecho”, dijo Bolívar.

Sin respuesta. Naremi Silva, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, señala que el comando opositor fijó como directriz recomendarles a los denunciantes acudir a instituciones como la Fiscalía para plantear sus casos. “Los denunciantes eran testigos, coordinadores de centros, movilizadores o votantes. Poner la denuncia implicaba abandonar sus labores, por eso después de los incidentes regresaban a su actividad y no iban a la Fiscalía”, explica Silva. Agrega que algunos incidentes se resolvieron mediante el diálogo o la presión ciudadana para evitar la espera -a veces dilatada- de un fiscal de guardia.

Fuentes del equipo legal de la MUD precisaron que, ante los lapsos perentorios para introducir las impugnaciones ante el TSJ, el comando opositor se enfocó en confirmar los casos necesarios para probar las irregularidades que reclamaban ante la Sala Electoral, por lo que no pudo prestar asesoría jurídica para llevar todas las denuncias ante el Ministerio Público.

Un grupo de electores del preescolar Leonardo Ruiz Pineda, al oeste de Caracas, llamó a la línea telefónica de la Fiscalía cuando no los dejaron entrar a las auditorías y una funcionaria de guardia tomó nota de su denuncia. También lo hicieron votantes de la Escuela Julio Bustamante de Bello Monte, cuando unos motorizados se acercaron al centro e hicieron disparos. “Llamabas y te escuchaban, pero luego no actuaron”, lamenta Silva.

El Nacional solicitó ante la Dirección de Fiscalías Superiores, a cargo de José Francisco García, detalles sobre el número de denuncias recibidas a través del 0800FISCA00 y las actuaciones relacionadas con ellas. La central telefónica con sede en la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, depende de ese despacho. “Las informaciones de ese tipo las da la Fiscal General”, respondió García por telefóno. La Dirección de Prensa del Ministerio Público tampoco respondió a una solicitud escrita que le fue presentada.

Las denuncias de la oposición
De acuerdo con la impugnación que presentó la Mesa de la Unidad Democrática ante el TSJ el pasado 7 de mayo, se registraron hechos de violencia en casi 300 mesas electorales: en 81 casos actuaron motorizados, en 45 las agresiones se presentaron al cierre del centro y en 58 hubo incidentes violentos durante la realización de la auditoría. En otras 107 los testigos fueron retirados y en 291 hubo voto coaccionado o supervisado. También se presentaron 38 casos sobre suplantación de identidad.

Los estados con mayor número de mesas y actas de escrutinio impugnadas por la oposición corresponden al corredor electoral -las entidades con mayor número de votantes- como Zulia, Miranda, Lara, Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Distrito Capital.

Sin respuesta. Naremi Silva, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la MUD, señala que el comando opositor fijó como directriz recomendarles a los denunciantes acudir a instituciones como la Fiscalía para plantear sus casos. “Los denunciantes eran testigos, coordinadores de centros, movilizadores o votantes. Poner la denuncia implicaba abandonar sus labores, por eso después de los incidentes regresaban a su actividad y no iban a la Fiscalía”, explica Silva. Agrega que algunos incidentes se resolvieron mediante el diálogo o la presión ciudadana para evitar la espera -a veces dilatada- de un fiscal de guardia.

Fuentes del equipo legal de la MUD precisaron que, ante los lapsos perentorios para introducir las impugnaciones ante el TSJ, el comando opositor se enfocó en confirmar los casos necesarios para probar las irregularidades que reclamaban ante la Sala Electoral, por lo que no pudo prestar asesoría jurídica para llevar todas las denuncias ante el Ministerio Público.

Un grupo de electores del preescolar Leonardo Ruiz Pineda, al oeste de Caracas, llamó a la línea telefónica de la Fiscalía cuando no los dejaron entrar a las auditorías y una funcionaria de guardia tomó nota de su denuncia. También lo hicieron votantes de la Escuela Julio Bustamante de Bello Monte, cuando unos motorizados se acercaron al centro e hicieron disparos. “Llamabas y te escuchaban, pero luego no actuaron”, lamenta Silva.

El Nacional solicitó ante la Dirección de Fiscalías Superiores, a cargo de José Francisco García, detalles sobre el número de denuncias recibidas a través del 0800FISCA00 y las actuaciones relacionadas con ellas. La central telefónica con sede en la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, depende de ese despacho. “Las informaciones de ese tipo las da la Fiscal General”, respondió García por telefóno. La Dirección de Prensa del Ministerio Público tampoco respondió a una solicitud escrita que le fue presentada.

La cifra
43 personas fueron detenidas por el Plan República por la comisión de presuntos delitos electorales el 14 de abril. La tarde de ese día, Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, precisó que 29 de ellos se encontraban en el estado Carabobo.

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