Tratarán de suspender a Venezuela en la ONU – Resolución en español

El grupo de Watch UN ha enviado un 2015-Venezuela-Draft-Resolution-UNHRC sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestra Venezuela.

Tomé mi tiempo para traducir la resolución para que todos entiendan lo que se está exigiendo. Aquí la tienen:

Proyecto de Resolución para las Naciones Unidas
Consejo de Derechos Humanos
30ra Sesión 14 de septiembre -25, 2015

Situación de los Derechos Humanos en Venezuela

Consejo de Derechos Humanos,
Guiado por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos humanos, y recordando los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos,

Reafirmando que todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y el deber de cumplir las obligaciones que tienen emprendidas en el marco de los diversos instrumentos internacionales en la materia,

Profundamente preocupados que la República Bolivariana de Venezuela tiene severamente restringida la libertad de expresión, detienen a críticos del gobierno, inhibe las actividades de las Organizaciones los Derechos Humanos, y socavado la independencia de su poder judicial, con lo que se encuentra creando un efecto de enfriamiento entre el público y los medios de comunicación en general en Venezuela,

Reafirma que una condición esencial para el buen funcionamiento de una sociedad democrática exige que el Estado garantice las condiciones necesarias para debate político que incluye la operación de medios de comunicación libres para participar en la disidencia sin temor a represalias del gobierno,

Profundamente preocupado que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha participado en el arresto, encarcelamiento y persecución criminal a individuos quienes expresan sus opiniones y molestan a las autoridades de estado, en plena violación de los derechos de libertad de expresión garantisado bajo el Artículo 19 de la Declaracoón Universal de los Derechos Humanos,

Alarmado por la legislación y la acción por la República Bolivariana de Venezuela luego de haber criminalizado opiniones legítimas y crítica con respecto a los funcionarios públicos, haciéndole caso omiso a los principios de rendición de cuentas y la transparencia, que son necesario para una eficiente, Ética y un gobierno honesto;

Profundamente preocupado por una campaña orquestada para deslegitimar, estigmatizar y lisiar la capacidad de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Venezuela, incluso mediante la búsqueda de injustificadas investigaciones, alarmantemente amplio fallo por el Tribunal Supremo diseñado para evitar tales organizaciones de realización actividades no sancionados por el Gobierno, la agresiva campaña de desprestigio lanzada por el gobierno contra defensores de los derechos humanos, medidas legislativas que restringe la capacidad de las organizaciones de los derechos humanos para obtener crítica financiación internacional, el expulsión de extranjeros en el país si expresan opiniones que ofendan instituciones de estado o altos funcionarios,

Alarmado por los calculados esfuerzos del Gobierno entre el 2004 y 2010 para lograr un acopamiento político del Tribunal Supremo por apilamiento con partidarios y seguidores del gobierno y crear mecanismos diseñados para purgar otros jueces, con lo que significativamente alteraban el maquillaje del poder judicial de los tribunales de primera instancia, lo que socava el estado de derecho, la prevención del tribunal legítimamente de servir como un chequeo en los poderes ejecutivos e inhibiendo su capacidad para defender los derechos constitucionales fundamentales,

Profundamente alarmado por apelaciones anteriores por pertinente miembros y expertos independientes de las Naciones Unidas acerca del situación de los derechos humanos en Venezuela no le han hecho caso, y haciendo hincapié en que, sin un progreso significativo para hacer caso a las llamadas de comunidades internacionales, la situación de los derechos humanos en Venezuela seguirá deteriorándose,

Profundamente alarmado por la decisión decisión de la corte venezolana el 10 de septiembre 2015 que sentenció al líder de la oposición Leopoldo López a 13 años y nueve meses de prisión, después de un ensayo marcado por graves irregularidades, Incluyendo 138 testigos de la acusación, pero sólo uno de los 50 testigos y piezas de evidencia presentados por la defensa,

Recordando que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, en su Opinión Nº 26/2014, A / HRC / GTDA / 2014/26 adoptada el 26 de agosto del 2014, determinó que la privación de libertad del señor Leopoldo López, con el objetivo de restringir sus derechos políticos y por ser detenido en una prisión militar, así como su derecho a la libertad de pensamiento y opinión, expresión, de asociación y la política, constituye detención arbitraria,

Recordando además que el Grupo de Trabajadores de la ONU encontró que la detención del señor López el 18 de febrero de 2014, fue ejecutado sin orden de un autoridad judicial, fue prorrogado por un período de más de seis meses, y expusieron al Sr. López al aislamiento; que las autoridades fallaron al no conceder al Sr. López libertad provisional a reserva de la libertad bajo fianza si fuera necesario, e impusieron obstáculos a los abogados de la defensa, incluyendo la censura de su comunicaciones con el detenido; todos los cuales “afectan” el derecho a un justo e imparcial juicio, la presunción de inocencia y el debido proceso, “Que constituye” una grave violación de las normas relativas al derecho a un juicio justo contenida en los artículos 9 y 14 de la Internacional Covenant de Derechos Civiles y Políticos,

Reafirmando las responsabilidades de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos,

Reafirmando adicionalmente que todos los miembros del consejo de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos deben mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos,

Recordando su resolución 60/251, del 15 de marzo del 2006, en particular el párrafo 8, el cual remarca que la Asamblea General podrá suspender los derechos de pertenencia/membrecía al Consejo de Derechos a un miembro del Consejo que cometa graves y sistemáticas violacionesde los derechos humanos,

  1. Recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en vista de las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de autoridades venezolanas, y en la consideración de las medidas previstas en OP8 de Asamblea General la resolución 60/251, que deciden suspender los derechos de pertenencia a la Consejo de Derechos Humanos de Venezuela;

  2. Totalmente de condena violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela;

  3. Demanda al Gobierno de Venezuela a garantizar, activar y cultivar el existencia de una prensa libre, independiente, pluralista y diversa;

  4. Demanda al Gobierno de Venezuela adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la libertad de expresión sea respetada y garantizada, de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos en los que Venezuela forma parte;

  5. Exhorta el Gobierno de Venezuela la revocación todas las leyes que inciden en restringir la libertad de expresión, incluyendo, pero no limitado a “la falta de respeto” (desacato) Leyes que injustamente prohíben el legítimo escrutinio y la crítica de figuras y funcionarios públicos, restringiendo así la capacidad para monitorear públicamente las acciones del gobierno;

  6. Demanda que el Gobierno de Venezuela derogue todas las leyes que promuevan la autocensura y cultivar un efecto palpable escalofriante que impacta no solo a individuos que enfrentan tales cargos, pero además el público general, así como todos medios de comunicación en Venezuela;

  7. Ordena al Gobierno de Venezuela a levantar las restricciones a la libertad de expresión, y en lugar garantizar y salvaguardar medios de comunicación libres e independientes con la libertad de informar o expresar opiniones críticas del Gobierno, libre de censuras;

  8. Demanda al Gobierno de Venezuela, de conformidad con las normas de los Derechos Humanos Internacionales, a tomar medidas para prevenir la intimidación y las represalias contra individuos y grupos quienes buscan cooperar con las Naciones Unidas, apoyar públicamente las actividades en defensa de los derechos humanos y la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el campo de los derechos humanos, a informar a la población de métodos y recursos para efectuar esa cooperación, y para enjuiciar aquellos que ordenen o emprendan tales hechos ilegales de intimidación o represalia;

  9. Demandan al Gobierno de Venezuela a derogar todas las medidas legislativas, incluso a través de las restricciones a la recaudación de fondos, diseñado para reducir las legítimas actividades de plataforma de las organizaciones de los derechos humanos u otros organismos no gubernamentales;

  10. Remarca que el Gobierno de Venezuela debe abstenerse de incurrir en campañas que estigmatizan e injustamente atacan organizaciones los derechos humanos, así como otras organizaciones no gubernamentales, retraer todos los estatutos y campañas que tienen injustas difamaciones hacia estas organizaciones, y en cambio seguir un camino constructivo y de diálogo significativo con estas organizaciones hacia el objetivo de terminar las violaciones de derechos humanos;

  11. Solicitan al Gobierno de Venezuela con prontitud y eficacia enjuiciar todos los actos de intimidación y represalias contra organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales de una manera apropiada, con el fin de combatir la impunidad, llevar a los culpables a la justicia y proporcionar victimas con adecuados remedios;

  12. Presiona al Gobierno de Venezuela para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y para garantizar el debido proceso legal;

  13. Demanda al Gobierno de Venezuela a implementar medidas para restaurar la integridad e independencia de la Corte Suprema y el Poder Judicial, incluyendo medidas para revisar la composición del tribunal, permitir el remplazo de los jueces, asegurar la ausencia de conflictos de interés, en particular para casos que interpongan problemas con los Derechos Humanos o desafían la autoridad del gobierno;

  14. Condenar las represalias del Gobierno de Venezuela contra aquellos que expresan opiniones críticas o disidentes;

  15. Se exige que el Gobierno de Venezuela deje inmediatamente en libertad al Sr. Leopoldo López, y de reiterar las pruebas del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria, le conceda una reparación integral que incluya una indemnización de su medidas morales y de carácter compensatorio y de satisfacción, lo que podría ser una declaración pública de disculpa a su favor;

  16. Decida enviar urgentemente una comisión internacional independiente de investigación, que será nombrado por el Presidente del Consejo, para investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, para establecer los hechos y circunstancias de tales violaciones y de los crímenes perpetrados, y dónde es posible identificar a los responsables de formular recomendaciones, en particular, medidas de responsabilidad, todo con el fin de garantizar que las personas responsables rindan cuentas y que se reporten al consejo en su trigésima–primera sesión, y pide a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la Comisión;

  17. Solicitan al Gobierno de Venezuela a entablar un diálogo con la Oficina del Alto Comisionado con miras a garantizar el pleno respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

  18. Alienta enérgicamente los procedimientos especiales titulares de mandatos temáticos pagar especial atención a la situación de los derechos humanos en el República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el Reporte Especial sobre la promoción y protección de derechos a la libertad de opinión y de expresión, el Reporte Especial sobre la derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Reporte Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y la Reporte Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados;

  19. Solicita al Alto Comisionado informar al consejo en su trigésima–primera sesión sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución, incluyendo opciones y recomendaciones al mejorar su aplicación, y para presentar un informe provisional al Consejo de Derechos Humanos

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